El fenómeno de la morosidad, cuando se propaga hasta convertirse en un hábito generalizado, constituye un auténtico drama social, con innumerables consecuencias para el tráfico comercial, empresarial, jurídico y, en definitiva, para todo el conjunto de la sociedad. La sucesión reciente de distintas crisis (totalmente impensables durante la segunda década de este siglo), cuyos efectos siguen siendo palpables, ha puesto de manifiesto los graves riesgos que entraña una proliferación de los créditos devenidos morosos, con un consiguiente efecto dominó que conduce a multitud de empresas a una quiebra por asfixia.
La morosidad estructural, aceptada resignadamente por buena parte del conjunto de agentes sociales, tiene su asiento en la divergencia entre solvencia y liquidez, o visto desde otra perspectiva, entre el vencimiento de un crédito y su efectiva satisfacción o pago. Este binomio, cuya existencia es connatural y condición de posibilidad de las relaciones económicas, en ocasiones produce una especie de esquizofrenia, en la que empresas con una solvencia impecable se encuentran con que no disponen de la más mínima liquidez que les permita hacer frente a su actividad económica habitual. Esta situación es especialmente peligrosa en el caso de la recaudación tributaria y la de la Seguridad Social, donde el formalismo de los criterios de determinación de la cuota líquida a pagar obliga a hacer frente a la obligación tributaria o de la Seguridad Social muy al margen del estado real de la entidad.
Por todo ello, es tremendamente importante saber clasificar al deudor moroso, incluso antes de que haya devenido tal, porque el retraso en el pago puede provenir del hecho de que el deudor quiere pagar pero en ese momento no puede, bien porque pudiendo pagar, no quiere hacerlo, o bien porque ni puede ni quiere pagar. El auténtico problema es que en España se ha extendido como en ningún otro lugar de la Comunidad Europea el perfil del moroso intencionado; incurrir en mora también es una forma relativamente sencilla de financiar la propia economía, es decir, contratando bienes o servicios con una total negligencia en la previsión, o incluso a sabiendas de que no se va a poder pagar.
En cualquiera de los casos, un protocolo de alarma temprana y la actuación presta y diligente son las claves del éxito a la hora de recuperar un crédito que se ha convertido en moroso. El problema está en que muchos agentes económicos sienten una cierta reticencia a reclamar lo que les corresponde, pues la realidad es que en no pocas ocasiones prefieren soportar indefinidamente un impago antes que perder a un cliente potencial. Quizá a ello haya contribuido el hecho de que tradicionalmente la gestión de un impago siempre ha estado vinculada a situaciones de tensión y a medios de presión que conducían a frustraciones o a resultados insatisfactorios para cualquier entidad.
En RECOA COLLECTION sabemos de la importancia decisiva que tiene una actuación rápida (tal y como venimos repitiendo incansablemente en nuestros artículos), y siempre desde la perspectiva de la negociación, el respeto a la imagen del cliente y a los derechos del deudor. Nuestra compañía, filial del grupo francés FSP-AGIR RECOUVREMENT, está integrada por profesionales especializados en la negociación amistosa y mediación, formados y apasionados en evitar que la morosidad se convierta en un problema estructural de nuestros clientes y en asegurar la eficacia del cobro de los impagados de sus clientes en España, Francia y a nivel internacional, contando además con un servicio jurídico compuesto por abogados especialistas en la recuperación de créditos.