El Observatorio de la Morosidad recién publicado por la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) recalca que la subida de la inflación y el incremento de costes que tienen que soportar las empresas desde mediados del año pasado ha provocado un aumento de la morosidad que sufren las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.
El informe señala que «la desaceleración de la recuperación junto a las secuelas que dejó en las empresas la crisis de la pandemia llevan a un aumento de la morosidad intraempresarial (…) Las empresas cada vez la sufren más».
Advierten de que la morosidad «además de generar un impacto negativo en las cuentas de resultados de las empresas españolas, también genera un coste de oportunidad financiero, dado que la demora en el pago de los montos y facturas pendientes merma la posibilidad de obtener un retorno en el mercado, en forma de interés a los acreedores de la deuda comercial».
Esto significa que si las pymes hubieran cobrado en tiempo ese volumen que se les adeuda, podrían haber invertido ese dinero y haber obtenido una rentabilidad que han dejado de percibir.
El incremento respecto a 2020 se debe principalmente a que ha aumentado el porcentaje de facturas totales cuyo pago se ha retrasado. De hecho, sostiene CEPYME, crece a más ritmo la deuda comercial con retraso en pago que la propia deuda comercial.
Esta subida de la morosidad ha afectado a un 20% de las pymes en España, mientras que un 75% sigue sufriendo los mismos niveles de morosidad que el año pasado, según el informe. La morosidad del sector público también ha subido para el 10% de las compañías.
Las que tienen músculo financiero pueden soportar mayores retrasos al cobrar, pero aquellas en situación más precaria quedan muy afectadas con esta situación. «Un 2% de las empresas que sufre mora prevé el cierre de su compañía por este motivo, un 5% cree que le llevará a una situación de insolvencia, un 4% apunta a una reducción de su estructura, para el 10% supondrá más necesidad de financiación y para el 18% un incremento de los gastos de financiación», explica la organización empresarial.
De promedio, las empresas españolas tardaron 81,4 días en pagar, frente a los 82,2 días de 2020, y un 69,7% de las facturas emitidas fueron con retraso de pago. «La morosidad se mantiene estable en tasas muy elevadas y sigue siendo un grave problema para las empresas, que pone en riesgo su liquidez y compromete su viabilidad, en especial para las de menor dimensión. De hecho, el monto total de deuda entre empresas con morosidad continúa incrementándose de forma preocupante».
“La demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño”, señala CEPYME. Las grandes empresas son las que menos tiempo tardan en pagar por su mayor capacidad de negociación con sus proveedores y su mayor facilidad para acceder al crédito.
CEPYME advierte de que a pesar de las ayudas que han recibido, muchas empresas no pueden hacer frente a sus pagos. «Pese a beneficiarse en un primer momento de las laxas condiciones de acceso a la financiación, adoptadas durante la pandemia, ahora algunas empresas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y potencial quiebra. El hecho de que esta parte del tejido productivo haya seguido desarrollando un modelo de negocio de reducida viabilidad, a mayores de sucederse el fin de la concesión de ayudas extraordinarias, ha desembocado en la aparición de facto de empresas zombis» (al respecto de las “empresas zombis” ver la publicación “Nuevo régimen legal para sociedades inactivas” en la web de RECOA COLLECTION).
Desde RECOA COLLECTION queremos reiterar y recalcar la necesidad de que las empresas externalicen el recobro de sus impagos mediante la contratación -sin dejar demorar tiempo- de los servicios de recuperación de impagados. Nuestra compañía, filial del grupo francés FSP-AGIR RECOUVREMENT, está integrada por profesionales especializados en la negociación amistosa, formados y apasionados en asegurar la eficacia del cobro de los impagados de sus clientes en España, Francia y a nivel internacional, contando además con un servicio jurídico compuesto por abogados especialistas en la recuperación de deuda.